ciber/n/ética - colectiva de La Paz y El Alto
24 de julio de 2026
Ante la Operación "Alianza 22"
El 23 de julio, la Fiscalía General del Estado y la Policía Boliviana ejecutaron tres allanamientos simultáneos en Caranavi, La Paz, con apoyo de Interpol Francia y Brasil. Un hombre de 25 años fue aprehendido por administrar 18 grupos de difusión de material de abuso sexual infantil (MASI); una segunda persona fue arrestada en un caso conexo. Cuatro víctimas fueron rescatadas y se buscan 22 más. Un día después, Ecuador detuvo a 10 personas de la misma estructura: una red de 715 usuarios en 15 países, operando sobre una plataforma de mensajería.
Lo que funcionó La Ley N° 1636 (10/09/2025) tipificó cinco delitos que antes no existían en el Código Penal boliviano (grooming, acoso sexual digital, contacto con fines sexuales, producción de MASI y su difusión o comercialización) y habilitó la figura del agente encubierto digital bajo control judicial. Sin ese marco, esta investigación de tres a cuatro meses probablemente no habría podido judicializarse. Que la operación haya sido dirigida por la Fiscalía Superior en Razón de Género es la prueba de que la institucionalidad especializada, cuando existe y tiene mandato, sirve.
Lamentablemente la alerta llegó del exterior. Bolivia sigue dependiendo de que otros países detecten lo que ocurre en nuestro territorio. Notamos que se puede mejorar en el tratamiento de estos casos sensibles además de la necesidad de datos actuales y desagregados sobre qué pasó después de la denuncia bajo la Ley 1636. Sin datos abiertos y actuales no hay política pública, hay conferencias de prensa.
Vemos lamentable el tratamiento mediático del caso que parece enfocarse a conseguir vistas por amarillismo y no a informar. Este hecho NO es "pornografía infantil": es material de abuso sexual infantil. La primera expresión sugiere consentimiento; la segunda nombra un delito.
Existen medios que describen plataformas, canales y métodos de circulación... eso no informa, instruye. Creemos que esta información funciona como un manual para quien lo busca, y como mapa para quien quiere borrar rastros. Pedimos dejar de lado el morbo del "monstruo aislado". Esa figura tranquiliza, pero miente. Estas redes son sociales, masivas y transnacionales. 715 usuarios en 15 países no son un desviado suelto en Caranavi.
Las plataformas digitales tienen los datos, los servidores y los logs. Y mientras anuncian sin descanso "mejoras en el servicio" y nuevas funciones con IA, sus mecanismos de reporte siguen siendo inservibles para casos como este: formularios que nadie contesta, moderación que no entiende contextos locales, cero representación legal en Bolivia y una lentitud frente a los requerimientos del Ministerio Público. No es incapacidad técnica. Es decisión de negocio.
Nos gustaría destacar que las víctimas rescatadas no terminan su proceso con una detención. El MASI circula indefinidamente, revictimando permanente y técnicamente. Es por eso que creemos importante dar paso a un acompañamiento psicosocial sostenido y financiado para las víctimas y cuidadores además de mecanismos efectivos de solicitud de eliminación de contenido ante plataformas, y aplicación real del derecho a la reparación integral que la propia Ley 1636 reconoce. Es decir, pasar del punitivismo o captura, a una justicia integral, que sotenga a quienes sobrevivieron.
La impunidad también se diseña. Es hora de diseñar capacidades para combatirla.
colectiva ciber/n/ética
El Alto y La Paz, Bolivia